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Declaración 18.10 – Ante demanda de creación de “Distrito 29” para chilenos en el extranjero

Ante la campaña de creación del Distrito 29, promovido por varios grupos autoconvocados y organizaciones de chilenas y chilenos en el extranjero, y considerando que gran parte de nuestros miembros son de origen chileno, declaramos lo siguiente:

  1. Nuestra organización no es parte de esta campaña. Sin embargo, nuestros miembros son libres de adherir de manera individual si así lo desean.
  1. Siendo conscientes de la diversidad y del estatus migratorio de los compatriotas que viven en el territorio internacional, creemos que el Distrito 29 no será capaz de garantizar ni la participación pluralista ni masiva de nacionales chilenos. Dando paso sólo a un espacio instrumentalizado por intereses partidistas.
  1. Nuestra misión es trabajar para garantizar que los derechos de las chilenas y chilenos que luchan en Chile contra un sistema opresor sean respetados. En ese sentido aún queda mucho por hacer, en áreas como la igualdad de condiciones ante el acceso a la justicia, liberación de prisioneros políticos y reparación a las miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Así aclarado, ratificamos nuestro objetivo de organizar y proveer soporte desde el extranjero a organizaciones de defensores de los derechos humanos, apoyando la denuncia y difusión internacional de las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad perpetrados por los Estados de los pueblos Sudamericanos, con el fin último de lograr justicia, verdad y reparación.

Sábado 7 de noviembre de 2020.

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Declaración 18. 10 – Chile, la revuelta de octubre un año después

Nuestra organización internacional por la defensa de los derechos humanos, nació como respuesta a raíz de la violencia estatal desatada en Chile a partir del 18 de octubre del año 2019. Violencia injustificada contra todo un pueblo que ejercía su legítimo derecho a la manifestación pacífica para contestar las injusticias, cada vez más profundas, impuestas por el sistema capitalista neoliberal.

Nuestra condición de chilenas y chilenos radicados en el extranjero, nos hizo revivir uno de los peores momentos de la historia de nuestro país y el impacto que ello significó en las vidas de miles de compatriotas.

La sombra de la dictadura cívico militar de Pinochet

Hoy se cumple un año de la revuelta de octubre en Chile, en estos doce meses, reconocidos organismos internacionales de derechos humanos han publicado seis informes que certifican la veracidad de las denuncias recibidas por defensoras y defensores de los derechos humanos, y difundidas a través de las redes sociales.

Chile Despertó!

Nuestra organización – en ese entonces: Comité de derechos humanos de una red de chilenos autoconvocados en el extranjero – coordinó a partir del 28 de octubre, la visita de una delegación de eurodiputados, para que recogieran las denuncias directamente desde el mundo asociativo estudiantil, defensores de los derechos humanos, sindicatos, activistas medioambientales y colegios profesionales como el Colegio de Médicos de Chile.

Informe de la visita a Chile

Los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020, realizamos dos informes jurídicos con datos actualizados, para denunciar que la violencia sistemática cometida por agentes del estado y la falta de garantías procesales para las víctimas, no habían disminuido. Así el día 22 de enero, tuvimos la oportunidad de intervenir en la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo:

El mes de agosto – en plena pandemia – publicamos un tercer informe jurídico, esta vez mucho más específico para denunciar las graves violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La pandemia mundial llevó al movimiento social a encontrar nuevas formas de movilización. Y puso al descubierto los elementos que sustentaron la agitación de octubre de 2019. El pueblo se enfrentó al hambre y se hizo evidente la negación de la igualdad ante la ley para los miembros de las comunidades mapuche, los presos políticos, los trabajadores, los habitantes de los barrios marginales, los estudiantes y los activistas medioambientales.

Y la respuesta se materializó con creatividad, solidaridad, rabia, pero al mismo tiempo esperanza.

La organización de ollas comunes bajo el lema “Sólo el pueblo ayuda al pueblo”, nos dio la energía necesaria para reorganizarnos, y recordar que la lucha por la justicia social continúa con o sin pandemia.

A partir del mes de mayo la autoridad ancestral Machi Celestino Córdova, junto a un grupo de prisioneros políticos, realizarán una huelga de hambre de más de cien días para exigir la aplicación del Convenio 169 de la OIT y por la modificación de medidas cautelares para los presos políticos mapuche y no mapuche imputados, y los presos políticos de la revuelta social.

El referéndum que supuestamente cambiará la constitución heredada de la dictadura cívico militar, fue reprogramado para el próximo 25 de octubre.

Nada se ha ganado…

La represión a manos de una policía cada vez más violenta y corrupta, que no respeta ni sus propios protocolos, entrenada con la colaboración de gobiernos europeos y de los EE.UU., y respaldada por las máximas autoridades del gobierno de Piñera, sigue dejando víctimas ante la indiferencia de la comunidad internacional.

Hoy 18 de octubre de 2020, reafirmamos nuestra labor de apoyo a las y los defensores de los derechos humanos del territorio chileno y wallmapu. No cesaremos en golpear puertas para conseguir que la comunidad internacional asuma sus responsabilidades políticas e históricas en la construcción de un mundo más justo y solidario.

Gabriel Gajardo

El artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos así como los artículos 15 y 16 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en los que refiere el Derecho de Reunión y la Libertad de Asociación de las personas, por tanto salir a las calles a manifestarse y protestar es un derecho humano que no puede ser restringido por los Estados parte.

Observación general núm.37 (2020), relativa al derecho de reunión pacífica (artículo 21)*

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Chile in Revolte

“Chile in Revolte” es la secuela al documental “Chile en llamas” del colectivo chileno con sede en Leipzig “Chile in flammen”. A partir de diversos relatos este trabajo da cuenta de la complejidad de la crisis político-social que está atravesando Chile.

Para apoyar con el financiamiento del trabajo de “Chile en llamas” el colectivo acepta donaciones a través de su campaña gofundme.

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Informe – El Derecho humano al agua en Chile

Derecho Humano al Agua en Chile, entre voluntades de papel y fierros secos.

El Centro de investigación y publicaciones sobre las relaciones entre el tercer mundo y Europa (CETIM) y el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA), movimiento activo en defensa del derecho al agua en Chile, han colaborado en el marco del 45o periodo de sesiones del Consejo de derechos humanos de la ONU para denunciar las violaciones del derecho al agua en la región de Petorca (Chile). Esta colaboración se ha concretado en la elaboración del presente informe titulado “El Derecho humano al Agua en Chile, entre voluntades de papel y fierros secos”, MODATIMA y CETIM, 2020.

Declaración completa: La violación sistemática del derecho al agua en Chile

Informe castellano y francés.

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Nuevo Informe – Graves violaciones de los DD. HH. a la infancia en Chile

El presente informe intenta visibilizar la situación de vulnerabilidad de la infancia en Chile, analizando el periodo comprendido entre octubre de 2019 hasta agosto de 2020. El informe ha sido realizado por un equipo interdisciplinario, y está fundamentado principalmente por la revisión literaria de informes y documentos oficiales nacionales e internacionales, testimonios de niños, niñas y adolescentes, e investigaciones periodísticas. Todo lo anterior permite garantizar la fiabilidad de este documento, siendo sus fuentes correctamente citadas y adjuntadas de manera transparente y clara.

El informe también se encuentra disponible en inglés, francés y alemán en la sección de descargas.

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El Machi es Inocente

El Machi Celestino Córdova, autoridad espiritual del pueblo Mapuche, cumplió más de 105 días en huelga de hambre, en su reclamo al gobierno chileno de Sebastián Piñera de cambiar el lugar de cumplimiento de su condena y el cambio de medidas cautelares a todos los presos políticos Mapuche -varios de ellos también en huelga de hambre-, y quienes fueron detenidos en las protestas populares. Apoya su demanda en el reclamo de la aplicación del convenio 169 de la OIT, que en sus artículos 8, 9 y 10 estipula dar un tratamiento diferenciado para personas presas integrantes de los pueblos originarios.
Esta película da cuenta, una vez más, que Celestino Córdova es INOCENTE de los cargos que se le imputaron y que como muchos otros presos políticos Mapuche, fue víctima de montajes, prejuicios, manipulaciones e injusticias, en el marco de la persecución racial del Estado de Chile y la usurpación de territorio ancestral que su pueblo padece desde hace siglos.
No, los Mapuche están muy lejos de contar con las garantías de un juicio justo en Chile, no sólo por la corrupción transversal e histórica en la región de la Araucanía, sino que además, por los efectos específicos que acarrea la aplicación de la Ley “Antiterrorista” chilena, como utilización de testigos con identidad reservada; secreto prolongado de la investigación y utilización inapropiada de la prisión preventiva. Otros aspectos de preocupación en cuanto al derecho a un juicio justo que no tienen que ver directamente con la aplicación de la Ley “Antiterrorista” pero sí con un contexto de estigmatización contra el Pueblo Mapuche son el hostigamiento a testigos y defensores y la utilización de pruebas que han sido denunciadas como ilegales y cuyas denuncias no fueron investigadas.
Un hilo conductor común a todos estas violaciones al derecho a un juicio justo son los estereotipos que se evidencian en la decisión de las fiscalías de calificar el delito como “terrorista”, que no solo vulnera el principio de presunción de inocencia, sino que es causa y resultado de una discriminación estructural en contra del Pueblo Mapuche.

EL ESTADO DE CHILE VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS.
¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE!

por Claudia Andrea Aranda

Santiago de Chile, 16 de agosto de 2020

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Declaración pública sobre situación de pueblo mapuche en Chile

DD. HH. 18.10, manifiesta su preocupación por la situación política y social que afecta al pueblo mapuche.
Las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, que implica violación al derecho a la manifestación, detenciones arbitrarias, violación al derecho a no ser sometido a torturas ni violencia física de ningún tipo, violación al derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, violencia contra mujeres y niños mapuche, se vienen perpetrado desde la época de la dictadura.

La comunidad mapuche lucha desde hace años para que se respete su derecho a permanecer en sus tierras ancestrales, que les han sido usurpadas injustamente con la complicidad del Estado chileno para beneficio de privados y multinacionales.

La mirada de las autoridades chilenas, en particular de los tribunales, es de un desconocimiento absoluto del Convenio 169 de la OIT ratificado el 2008, con entrada en vigencia el 2009, es decir ya lleva 11 años rigiendo en Chile. Tribunales, jueces y Ministerio Público no aplican esta normativa y lo mismo pasa en el Poder Ejecutivo y Legislativo, entonces es el Estado que no está respondiendo a los derechos que debieran estar garantizados a los pueblos indígenas y, en especial, a las autoridades espirituales.

Como organización defensora de los derechos humanos nos parece que es inminente que la comunidad internacional se pronuncie frente a tales injusticias e interpele al gobierno de Sebastián Piñera.

El Estado chileno debe respetar los derechos de los pueblos originarios y los pactos internacionales.

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Chile: ¡viviremos, volveremos venceremos!

Por Elizabeth Milos Rieloff
Foto por Javier Vergara (foto ganadora en los “Critics Choice Awards 2020”)

Los chilenos han vivido precariamente en un sistema implacable desde hace mucho tiempo. Largas horas de trabajo, salario mínimo, inseguridad laboral, deudas paralizantes producto de un sistema de  educación universitaria privada, malos resultados en materia de salud producto de  la privatización de la asistencia sanitaria y pensiones de jubilación que equivalen a una cuarta parte del salario mínimo. El neoliberalismo transformó la sociedad chilena en un mundo consumista, individualista y “apolítico” que muchos chilenos soportaron con obstinación, pero en octubre de 2019, Chile se convirtió en un referente muy peligroso para el neoliberalismo mundial.

Desde la “transición a la democracia” en 1990, los pueblos mapuche siguieron luchando por sus derechos culturales, políticos y territoriales contra las industrias extractivas que siempre fueron defendidas por  una sucesión de gobiernos socialdemócratas y de derecha. Las comunidades han continuado soportando el peso del aparato represivo del Estado, confrontando encarcelamiento y criminalización, montajes, asesinatos y redadas policiales, asedios militares en torno a las comunidades rurales, el uso de la tristemente célebre ley antiterrorista de la época de Pinochet y  campañas de los medios de comunicación dominantes que presentan a los mapuches como un grupo “problemático” que rechaza el  “progreso” para Chile.

El otro sector problemático para los sucesivos gobiernos post-dictadura fue el sector estudiantil, sobre todo los estudiantes de secundaria, los que siguiendo una larga tradición de lucha en contra del sistema de lucro de la educación, alzando sus voces en 2001 con el “Mochilazo” y en el 2005-2006 a través del Movimiento de los Pingüinos (llamados así por uniformes escolares) donde realizaron tomas de colegios y asambleas de reflexión política sobre la situación de la educación en Chile. Los universitarios se sumaron en el 2011 y posteriormente, sus líderes principales lograron ser elegidos como representantes parlamentarios de esta nueva generación. Esto inspiró esperanza en la población en que se lograrían cambios significativos en la política educacional del país. Sin embargo, el aparato jurídico-legal del estado protege el lucro de la educación por ser una “industria” en vez de un derecho.

Y llegó el 18 de octubre de 2019 y el resto de Chile se despertó. 

A raíz de las manifestaciones iniciadas por los estudiantes de secundaria en oposición a un aumento de la tarifa del metro de 30 pesos, las redes sociales explotaron con imágenes de miles de jóvenes saltando sobre los torniquetes y siendo brutalmente golpeados por la policía. Entre los muchos gritos de los manifestantes, se escuchaba “¡No son 30 pesos, son 30 años!”. Treinta años desde que llegó la “democracia” pero también más de 30 años de un sistema económico que exprimía la vida de la población. Más del 50% se las arregla con el salario mínimo: +/- 426 dólares al mes. Los jubilados de sistema de pensiones privados (AFP) sólo reciben 125 dólares al mes.

La agitación social se convirtió en un peligro inmediato para el gobierno de Piñera porque se trataba de  una revuelta popular no dirigida por ningún partido político, que de otra forma podría ser coaptada al redil político del cuasi poder.

Este movimiento auto-convocado  tenía características notables: rechazaba de manera unánime  cualquier bandera perteneciente a los partidos políticos y tanto la bandera chilena como la mapuche estaban en todas partes. Era un movimiento social con muchas reivindicaciones, y la Mesa de Unidad Social, un grupo de dirigentes de organizaciones sindicales, estudiantiles, profesionales y feministas (que tampoco podían pretender hablar en nombre de todo el movimiento) presentó una lista de demandas que provenía de muchos sectores diferentes: aumento de salarios; mayor seguridad laboral; el fin de los planes de pensión privados;  educación y salud pública;  cancelación de la deuda de educación superior;  cancelación de las deudas de peajes de autopistas  (TAGS); recuperación del agua como bien público así como de todos los recursos naturales de Chile; el fin de las zonas de sacrificio industrial que ha dejado sistemas hídricos, costas y pueblos enteros enfermos por la peligrosa contaminación ambiental;  y por último, pero no menos importante, la demanda de una nueva Asamblea Constituyente para abolir la constitución de Pinochet de 1980, que ha sido un obstáculo para cualquier cambio real.

La agitación social se convirtió en un tsunami gigante, las olas de protestas siguieron viniendo desde el norte hacia el sur. Piñera declaró el Estado de Emergencia llamando a los militares a las calles, una nueva realidad que sólo las comunidades Mapuche habían experimentado durante estos últimos 30 años.

En el frente de lucha contra la policía y el ejército estaban los “Primera Línea”, jóvenes de ambos sexos e incluso niños; estudiantes junto a jóvenes de los barrios más pobres, muchos de ellos criados en el Servicio Nacional de Menores, Sename, centros de bienestar infantil, reconocidos  como centros de opresión y abuso sexual.  Estudiantes de medicina y enfermeras formaban las brigadas de salud y primeros auxilios  que surgían para asistir a los heridos. Los millones de personas que marcharon pacíficamente durante la mayor marcha realizada en Chile el pasado 25 de octubre, estaban siendo protegidos por la Primera Línea, que literalmente contuvo el ataque de las cargas policiales y sus gigantescos cañones de agua, enfrentó con hondas y piedras los vehículos policiales blindados y neutralizó los gases lacrimógenos con conos y jarras de agua.

En noviembre, el Congreso, a puerta cerrada, llegó a un acuerdo para celebrar un plebiscito sobre una nueva Carta magna a realizarse en abril de 2020. En él se contemplan las opciones de Aprobar o Rechazar, y en el caso de aprobar se abren dos opciones para la elaboración de la nueva Constitución: una Convención “Mixta” compuesta por un 50% de parlamentarios (de sus respectivos partidos) y un 50% de independientes o una Convención Constitucional (CC) compuesta por un 100% de independientes. Fue un acuerdo que descartó la opción de la Asamblea Constitucional, que entregaba reales garantías de autodeterminación. 

El Congreso actuó con rapidez para atar las manos de esta futura convención aprobando una ley de “reforma” que le prohibía tomar cualquier decisión que afectará a cualquier otra entidad gubernamental (haciendo intocable el antidemocrático Tribunal Constitucional) y también haciendo que bienes nacionales como el agua, que ya está privatizada, así como  el sistema de pensiones privado y la efectividad de los Tratados de Libre Comercio quedarán fuera de su alcance. Se prohibió que los jóvenes menores de 21 años fueran elegibles como representantes a la convención, dejando atrás a los mismos jóvenes en edad escolar que habían iniciado este proceso revolucionario en Chile. Se realizaron negociaciones para garantizar la representación de la población indígena así como las demandas de paridad de género.

El gobierno de Piñera se apresuró en aprobar leyes prohibiendo el uso de máscaras durante las protestas, así como las manifestaciones que bloquea las calles y la ocupación de las escuelas, imponiendo extravagantes sentencias de hasta 5 años. Aprobó leyes que permiten autonomía al Presidente de llamar a los militares a las calles para proteger la denominada “infraestructura esencial” sin tener que decretar  Estado de Emergencia.

Cada ola de protesta fue recibida con una severa represión policial que costó decenas de vidas y miles de heridos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) mantuvo un recuento constante de casos de denuncia de tortura y tratos crueles y violencia sexual por parte de la policía contra hombres, mujeres, niños y niñas. El recuento también comenzó a mostrar una tendencia alarmante: la policía parecía estar atacando directamente los ojos de los manifestantes con perdigones y gases lacrimógenas, explotando efectivamente los globos oculares en las órbitas. Detrás de sus escudos improvisados, la Primera Línea usó ingeniosamente cientos de punteros láser para tratar de evitar que la policía pudiera apuntar sus armas contra los manifestantes. 

Entre octubre y marzo, más de 450 personas habían perdido al menos un ojo y dos personas habían perdido ambos. Fue el mayor número de mutilaciones oculares ocurridas  durante una agitación social en cualquier otra parte del mundo durante los últimos 25 años. Aunque el número de personas detenidas se estimaba en decenas de miles, el INDH pudo visitar al menos a 10.000 personas en las cárceles para verificar las denuncias. Se calcula que el número real de personas que continúan en la cárcel – al día de hoy- es de entre 2.500 y 5.000, en espera de juicios en condiciones de hacinamiento e insalubridad durante una pandemia. Tres organismos internacionales de derechos humanos presentaron informes denunciando violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Chile. 

El mes de marzo la Marcha de las Mujeres llegó a congregar medio millón de manifestantes y luego las noticias del Coronavirus comenzaron a circular. El gobierno había estado minimizando su importancia desde enero o exagerando su nivel de preparación a una posible llegada de casos al país, pero como el número de infecciones y muertes aumentó en todo el mundo, el gobierno aprovechó la oportunidad para posponer el plebiscito previsto para abril. 

A lo largo de todo el país, las mismas personas y organizaciones sociales que habían estado protestando comenzaron a hacer llamados para permanecer dentro de los hogares y protegerse mutuamente, incluso llevando a cabo protestas de Cacerolazos desde sus casas exigiendo una cuarentena total.  La respuesta del gobierno fue abismal, imponiendo sólo cuarentenas parciales a través de corredores sanitarios, un toque de queda que creó más hacinamiento para los trabajadores en el transporte público, y también implementó leyes que favorecieron a las empresas al permitirles despedir a millones de trabajadores dejándolos en la indigencia bajo la excusa del virus. Mientras tanto, los trabajadores de los hospitales denunciaron la falta de equipos de protección y ventiladores. Así Chile se ha convertido en el país con la mayor tasa de nuevas infecciones por millón de habitantes en el mundo.

Sólo en mayo Piñera ordenó finalmente el cierre de todo Santiago y otras ciudades importantes, pero esto ha resultado en un asedio de hambre para los sectores más pobres que no pueden trabajar desde sus casas y que no reciben ningún ingreso. Las políticas laborales neoliberales han dejado al descubierto la precariedad de los trabajadores que bajo este sistema no cuentan con contratos o trabajos permanentes y viven el día a día.

También durante el mes de mayo, Piñera comenzó a promover gestiones legales usando la pandemia como excusa, para liberar a prisioneros desde sus cárceles de lujo hasta el arresto domiciliario. Se trataba de ex miembros de la policía secreta y el ejército de Pinochet, condenados por crímenes contra la humanidad.

El último capítulo oscuro, es un nuevo proyecto de ley llamada “ Ley de Inteligencia Nacional” que pone todas las demás funciones gubernamentales bajo el control de los organismos de inteligencia para vigilar y castigar la organización política y social.

Los Mapuche en el sur dependen de la venta de sus productos agrícolas en los mercados para sobrevivir, pero la policía detiene y roba sus productos vegetales en un mercado de Temuco.. Han estallado protestas de hambre en comunas como El Bosque, Villa Francia, La Legua, Puente Alto y San Bernardo. De nuevo, cientos de jóvenes con máscaras y escudos lanzan piedras a los cañones de agua y otros vehículos policiales recién comprados por más de un millón de dólares. Decenas de manifestantes han sido arrestados nuevamente.

A lo largo del país, los tradicionales comedores de beneficencia, llamadas Ollas Comunes, han comenzado a organizarse. Se trata de los mismos comedores que surgieron en 1930 durante el régimen autoritario del Coronel Carlos Ibáñez del Campo, quien organizó el cuerpo de policía en Carabineros de Chile, y los mismos comedores de los años 80 durante la dictadura de Pinochet. 

Durante la dictadura civil de Piñera, las Ollas Comunes son blanco de la policía con redadas, arrestos y la destrucción de la comida. Esto no detiene las enormes expresiones de solidaridad entre los más pobres: los pescadores de Lebu, donaron 4 toneladas de pescado a las barriadas de La Pintana y El Bosque, los vecinos comparten lo que tienen en sus despensas y en las asambleas territoriales, las que se organizaron para discutir y formular la nueva constitución se han organizado rifas, y campañas de recolección de alimentos mientras que los jóvenes, los de la Primera Línea, cubiertos con máscaras, guantes y trajes protectores entregan alimentos a los ancianos y discapacitados.  En un vídeo aparecido en las redes sociales, un joven de 15 años comparte su comida con los vecinos y explica que tiene que trabajar para mantener a su hermana pequeña. La música de fondo le sorprende gratamente y empieza a sonreír y a cantar la canción “Con Todo Sino Pa’Que?”, que se transformó en el himno de la Primera Línea a partir de la revuelta del 18 de Octubre. Los hashtags en las redes sociales y en los muros de Santiago prometen, #ViveremosVolveremosVenceremos.

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Derechos Humanos y algo de economía política en tiempos de pandemia

Por Eugenio Bisama*
Foto por Carlos Candia Ayala

Nunca dejan de llamar mi atención las dos palabras del concepto derechos humanos. Son derechos. Son humanos. La noción de derecho es humana: aparte de los humanos, ninguna especie, montaña, bosque, planeta ha generado códigos de derecho. Los derechos son de los humanos, de nadie más. Incluso los de quinta generación.

En tiempos en que una pandemia afecta al planeta, y que escuchamos cómo desde hace unos años los científicos e incluso políticos han advertido cómo la presencia humana “desplaza” a otras especies y cómo, entonces, podríamos esperar desde ya hace un tiempo “eventos” como este, los derechos siguen siendo humanos. Ni siquiera aceptamos la posibilidad de “derechos” de otras especies … o del planeta. Mal podríamos. Para el pensamiento dominante la naturaleza es un recurso. Hablamos de los “recursos naturales”. Hablamos de “desarrollo”, de “civilización” y en realidad hablamos de los intereses de los humanos.

Los gobernantes brasileños defienden su derecho a quemar sus bosques para permitir el desarrollo de su agricultura. Los ciudadanos europeos, que ya quemaron los suyos hace siglos, hablan de protegerlos por el bien de la humanidad. El nativo que vive en los bosques emigra. Los seres vivos de los bosques mueren.
No sólo en los bosques, también en el cielo y en el mar.

Hace más de una década los dueños del capital encontraron que estaban pagando mucho a los trabajadores en Europa y EE.UU. y comenzaron a mover sus empresas al Sudeste Asiático y, en mucho menor medida, a América Latina. Las consecuencias fueron tremendas para los trabajadores del Norte, su entorno y sus familias. En menor medida también el movimiento ambientalista logró erradicar de estos países las industrias más contaminantes… que de igual manera se trasladaron hacia el sur. La basura generada también se exportó al sur.

Se desarrolló la logística. El desplazamiento de bienes y servicios creció exponencialmente. El precio del producto final tuvo y tiene, cada vez más, menores costos de producción y más costos de inversión, de distribución y comercialización. Para mantener crecimiento se requiere, en forma creciente, más inversión y más consumo. Quienes prestan el dinero son los que más ganan. Las cosas se hacen para uno, dos o cinco años de vida útil. La deuda permanece. Quienes prestan el dinero son los que más ganan.

Los estudios ambientales indican a que el CO2 comenzó a aumentar exponencialmente después de la revolución industrial. Posteriormente, los desplazamientos horizontales y verticales lo hicieron aumentar aún más. El traslado de las fábricas al sur (este asiático y América Latina) lleva la contaminación a niveles sin precedentes y el tráfico altera – cada vez más- ecosistemas que no habían sido afectados.

La actual pandemia ha reducido en algo este tráfico, pero aún con ella,
Quienes prestan el dinero son los que más ganan.
Quienes prestan el dinero son los que más ganan.
Quienes prestan el dinero son los que más ganan.


* Eugenio Bisama es académico de la Universidad Andrés Bello. Doctor en Economía y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto (España), MBA de Tulane University (USA) y Universidad de Chile, Licenciado en Ciencias en la Administración de Empresas.

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Comunicado Público, Día #12

Temuco, 15 mayo 2020

Machi Celestino Córdova: Vocería de la huelga de hambre – DÍA #12

A la opinión pública nacional e internacional a los pu machi, pu lonko, comunidades en resistencia, al pueblo no mapuche que resiste y lucha, a toda el Abya Yala, comunicamos lo siguiente:

Desde antes de la Huelga de Hambre los presos políticos mapuches de la cárcel de Temuco ya denunciaban que hasta ese momento sólo se habían liberado a “criminales de lesa humanidad y anti mapuches como el asesino de Camilo Catrillanca y a los nefastos agentes de la operación Huracán”, amparándose en la excusa de la pandemia. “¿Es que la vida del pueblo mapuche no importa?”. Aqui claramente hay una decisión política que les retiene en la cárcel habiendo cumplido con los requisitos necesarios para acceder al beneficio de la libertad, en algunos casos, para evitar el peligro del contagio. Hacen extensivo el pedido para todos los presos de un sistema penal que se encuentra desbordado en todos los penales del país. La pandemia se ha instalado a nivel global. Desde las cárceles llegan las voces que claman por protección y amparo tras los muros.

El complejo panorama de la pandemia nos hace ver el colapso del sistema carcelario con el riesgo de vida que corren todos los privados de libertad cuando hace unos días se amotinaban los presos en la cárcel de Puente Alto en Santiago. Y en el día de ayer, los presos de Colina 1 en la comuna Colina, los que luego de ser duramente golpeados fueron trasladados a otros penales lejos de sus familias.

Desde las cárceles de Temuco y Angol, en huelga de hambre nuestros lamngen Presos Políticos Mapuche con prisión preventiva o con condena firme, piden para que se preserve su derecho a la vida frente a la pandemia, que el gobierno chileno respete y aplique el Convenio 169 de la OIT en sus artículos 8, 9 y 10.
Las demandas son concretas y vienen una vez más a exigir lo que es Justo como derecho de los pueblos originarios privados de libertad, según se establece con claridad en el artículo 10 del Convenio 169:

A. Cambio de lugar de cumplimiento de condena y que esta sea en su ruka. Aplicando el Convenio 169.
B. Cambio de medidas de cumplimiento de condena de todos los Presos Políticos Mapuche y no mapuche. Que estos puedan cumplir ésta en sus respectivas comunidades o en sus domicilios.
C. Cambio de medidas cautelares a todos los presos políticos mapuches imputados y a los presos políticos imputados del estallido social

Las responsabilidades tanto de gendarmería y del gobierno de Chile son evidentes, toda vez que han estado en conocimiento desde hace varios años sobre las demandas que se han estado levantando en función del cumplimiento del Convenio 169. Hoy su responsabilidad es más patente ya que no han realizado su labor de salvaguardar la vida de los presos en general y que no están en capacidad de hacerlo tampoco. Por lo tanto, hoy el gobierno tiene la oportunidad de mostrar un gesto político hacia el pueblo mapuche, respetando y aplicando el Convenio 169, quitando las trabas que pone gendarmería y dejar en libertad a todos aquellos que están próximos o han cumplido con los requisitos de acceder a beneficios carcelarios y que aún están en prisión.

Hoy la vida de nuestra autoridad espiritual Machi Celestino Córdova está en sus manos. Ya durante ésta semana el deterioro físico ha sido manifiesto. Con pulsaciones cardiacas de 43 latidos por minuto, lo normal es de 60 a 100 pulsaciones por minuto, con un peso actual de 85. 700 k. , 9 kilos aprox que ha bajado. Sumado a un cuadro febril ayer jueves y que hoy está controlado. Todo ello habla de la necesidad de regresar a su rewe, de estar con su familia, en su comunidad y territorio.

Si a lo anterior, le sumamos que la emergencia sanitaria de la actual pandemia, lejos de mejorar ha ido complejizandose a nivel país. Están los argumentos suficientes para exigir el cumplimiento del actual petitorio.

Hacemos un llamado a todos los territorios del Abya Yala, a todas las comunidades en resistencia, a todas las organizaciones que luchan de los pueblos oprimidos, a tod@s nuestros pu lamngen del lelfun y de la warria a que exijamos con fuerza y firmeza:

LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE!!

LIBERTAD A TOD@S L@S PRES@S POLITIC@S DEL ESTALLIDO SOCIAL!!

LIBERTAD A TOD@S L@S PRES@S POLITIC@S!!

NO MÁS REPRESIÓN Y DESALOJO PARA LOS TERRITORIOS EN RESISTENCIA!!

FUERA LAS FORESTALES , MINERAS E HIDROELECTRICAS DEL TERRITORIO MAPUCHE.!!!

Familiares, Amigos y Red de Apoyo al Machi Celestino Córdova.